Cada quince días, los panameños esperamos el mismo anuncio: sube la gasolina, baja el diésel o viceversa. Celebramos cuando el combustible disminuye unos centavos y nos resignamos cuando vuelve a subir.
Pero hay una pregunta que casi nunca aparece en la discusión nacional:
¿Por qué seguimos administrando las consecuencias de nuestros problemas, en lugar de trabajar para resolver sus causas?
Panamá tuvo una refinería de petróleo durante décadas. Estaba ubicada en Bahía Las Minas, Colón, y tenía capacidad para procesar aproximadamente 60,000 barriles diarios.
El 31 de diciembre de 2002 dejó de refinar.
Desde entonces, nuestro país importa los combustibles terminados que necesita. Y aunque siempre dependimos del petróleo extranjero, perdimos la capacidad industrial de transformarlo localmente.
¿Por qué cerramos nuestra refinería?
No fue porque Panamá se quedara sin petróleo. Tampoco porque la refinería fuera estatal.
La planta pertenecía a Chevron-Texaco, una multinacional que argumentaba que sus operaciones habían dejado de ser rentables frente a refinerías más competitivas.
La empresa reportaba pérdidas y mantenía un conflicto contractual con el Estado panameño, relacionado con la protección arancelaria establecida en un contrato de 1992.
En 1999 presentó una demanda arbitral contra Panamá por aproximadamente 89.5 millones de dólares.
Finalmente, durante la administración de Mireya Moscoso, el Gobierno negoció con la compañía la terminación anticipada del contrato, que originalmente debía vencer en 2012.
El acuerdo firmado el 20 de mayo de 2002 eliminó la protección arancelaria y permitió que Chevron-Texaco transformara sus operaciones hacia la importación y almacenamiento de combustibles.
La justificación gubernamental era abrir el mercado y aumentar la competencia.
La justificación empresarial era dejar de perder dinero.
Pero ¿quién se encargó de evaluar qué perdería Panamá al abandonar esa actividad industrial?
Veinticuatro años después, seguimos dependiendo del exterior
No se puede afirmar que mantener aquella refinería habría garantizado gasolina más barata. Las refinerías también necesitan enormes inversiones, tecnología y economías de escala.
Sin embargo, el país debió conservar la capacidad de evaluar alternativas industriales para el futuro.
En 2005, el entonces ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, calificó el cierre como un error y cuestionó que no se hubiera exigido conservar las instalaciones en condiciones que permitieran reactivarlas.
Es decir, apenas tres años después ya se discutía si Panamá había desaprovechado una oportunidad.
Y hoy, en 2026, seguimos sin capacidad propia de refinación.
¿Hemos estudiado seriamente la viabilidad de construir una nueva refinería regional? ¿Es más conveniente importar productos terminados? ¿Qué otras inversiones permitirían reducir los costos energéticos?
No necesitamos respuestas ideológicas. Necesitamos estudios económicos, cifras y decisiones.
¿Qué hace la Asamblea Nacional por nuestra competitividad?
Aquí aparece otra discusión.
Según los registros de la Contraloría citados por La Prensa, al 21 de octubre de 2026 la Asamblea Nacional contaba con 8,308 funcionarios y una planilla aproximada de 13.2 millones de dólares mensuales.
Más de 158 millones de dólares anuales únicamente en salarios, sin contar otras obligaciones laborales.
No significa que todos esos funcionarios sean innecesarios. Pero semejante estructura merece una explicación pública de sus resultados.
La Asamblea tiene 71 diputados. ¿Cuántos estudios de productividad nacional se impulsan? ¿Qué propuestas concretas existen para reducir los costos de energía, transporte y producción? ¿Cuáles han sido sus resultados medibles?
Es cierto que administrar la política energética corresponde principalmente al Ejecutivo. Pero legislar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas también son responsabilidades del Órgano Legislativo.
¿De qué sirve una institución tan costosa si los ciudadanos no pueden identificar claramente cómo su trabajo mejora sus condiciones de vida?
El problema no consiste únicamente en cuánto cuesta la política. Consiste en cuánto valor público produce.
Panamá necesita un plan, no otro discurso
El país debería comenzar por una evaluación independiente que compare los costos de importar combustibles refinados frente a invertir en nuevas capacidades industriales.
También necesitamos publicar de forma comprensible cuánto pagamos por importación, transporte, almacenamiento, impuestos y comercialización.
Con esa información podríamos determinar dónde existen oportunidades reales de ahorro.
La Asamblea debería exigir al Ejecutivo un plan energético de largo plazo, con objetivos medibles, fechas y responsables. No un documento que termine archivado cuando cambie el gobierno.
Y ese plan debería considerar nuevas fuentes de energía, transporte eléctrico, eficiencia energética, infraestructura logística y mayor competencia.
Porque abaratar la vida no significa necesariamente producir petróleo. Significa encontrar la combinación de soluciones que permita a los hogares y empresas pagar menos sin comprometer la sostenibilidad fiscal y ambiental.
El verdadero punto de quiebre
Panamá tiene una ubicación estratégica, dos océanos, un canal interoceánico y una economía de servicios reconocida internacionalmente.
Pero nuestra ventaja geográfica no debería convertirse en una excusa para conformarnos.
Han pasado 24 años desde que dejamos de refinar petróleo.
Los gobiernos cambiaron. Los diputados cambiaron. Los discursos cambiaron.
La dependencia de los combustibles importados permanece.
No necesitamos que el Estado construya una refinería por orgullo nacional. Necesitamos que demuestre, con números, cuál es la mejor manera de reducir los costos y fortalecer nuestra economía.
Y mientras miles de funcionarios públicos reciben salarios financiados por los contribuyentes, resulta legítimo exigir que una parte sustancial de su trabajo se traduzca en mejores leyes, políticas públicas y oportunidades.
Porque el panameño no necesita solamente que la gasolina baje diez centavos mañana.
Necesita un país donde vivir, trabajar, transportarse y producir sea cada vez menos costoso.
La pregunta no es por qué cerramos una refinería en 2002. Es por qué, 24 años después, todavía nos cuesta tanto discutir soluciones de largo plazo.
Punto de Quiebre — Los hechos y los datos.
Fuentes documentales
- Gaceta Oficial N.º 24,586, 2 de julio de 2002 — Convenio de terminación
- La Prensa, 6 de mayo de 2002 — Refinería prevé su reconversión
- La Prensa, 25 de agosto de 2005 — MICI critica deterioro de refinería
- La Prensa, 26 de octubre de 2026 — Planilla de la Asamblea Nacional
- Contraloría General — Consulta de planilla de la Asamblea